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Honduras no enviará representante a audiencia de la CIDH; remitirá escrito
Honduras remitirá solo un escrito a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los juicios políticos que derivaron en destitución de exfuncionarios.
Goodvin Nelson
31 de julio, 2026
4 min de lectura
Honduras remitirá solo un escrito a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los juicios políticos que derivaron en destitución de exfuncionarios.
Foto: Emilio Flores/DNH
Honduras no tendrá representación presencial en la audiencia convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para analizar los juicios políticos que derivaron en la destitución del varios exfuncionarios, entre ellos el exconsejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, exfiscal general, Johel Zelaya, y exmagistrado del Tribunal de Justicia Electoral, Mario Morazán.
En lugar de comparecer ante el organismo internacional, el Estado hondureño enviará únicamente un documento elaborado por el Congreso Nacional con el respaldo técnico de la Procuraduría General de la República (PGR), en el que se defienden las decisiones adoptadas durante los procesos de juicio político.
La audiencia está programada para el próximo 5 de agosto en Washington, Estados Unidos, y revisará la legalidad de las destituciones que marcaron uno de los episodios políticos más controversiales registrados este año en el país.
De acuerdo con la información confirmada por autoridades, la postura oficial será presentada exclusivamente mediante un escrito preparado por el Congreso Nacional en coordinación con la Procuraduría General de la República. El documento expone los argumentos jurídicos con los que el Estado sostiene que las destituciones se realizaron conforme a la Constitución y a la legislación vigente.
La ausencia de representantes hondureños en la audiencia ha llamado la atención debido a la relevancia internacional del proceso, en el que se evaluarán las denuncias relacionadas con la remoción de funcionarios mediante juicios políticos.
El ministro de Comunicaciones, José Argueta, explicó que la decisión responde a criterios técnicos y jurídicos, asegurando que el Estado cuenta con un informe completo elaborado junto a la Cancillería.
“Hay un documento que lo explica con calidad técnica y profesionalismo, no se va a asistir, no podemos respaldar cuestiones que no cumplen los requisitos técnicos, Cancillería tiene un informe completo, es una forma de decir que nosotros respetamos la institucionalidad”, expresó el funcionario.
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Por su parte, el diputado Antonio Rivera Callejas, quien participó en los procesos de juicio político, afirmó que el escrito contiene suficientes elementos legales para justificar las decisiones adoptadas por el Congreso Nacional.
“Hay motivos jurídicos muy bien sustentados que van a ser enviados por escrito con todos los medios probatorios”, manifestó el parlamentario.
Los casos que analizará la Comisión
Durante la audiencia serán revisadas las destituciones del exfiscal general Johel Zelaya, del exconsejero del Consejo Nacional Electoral, Marlon Ochoa; del exmagistrado del Tribunal de Justicia Electoral, Mario Morazán, así como de otros exintegrantes de organismos electorales.
Los procesos fueron impulsados por la actual composición del Congreso Nacional mediante la aplicación de la Ley Especial de Juicio Político, generando un amplio debate sobre sus alcances y su impacto en la institucionalidad democrática del país.
Johel Zelaya fue el primero en ser separado de su cargo el pasado 25 de marzo, seguido semanas después por Marlon Ochoa, cuya destitución fue aprobada por 88 diputados. Posteriormente, también fueron removidos Mario Morazán y los magistrados suplentes del Tribunal de Justicia Electoral, Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez.
Congreso sostiene que se respetó la ley
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, reiteró que todas las destituciones fueron realizadas conforme a la Constitución de la República y la Ley Especial de Juicio Político.
Desde un evento desarrollado en Nacaome, Valle, el titular del Poder Legislativo aseguró que durante cada procedimiento se respetaron las garantías procesales de los funcionarios sometidos a juicio político.
“Nosotros sí somos del criterio de que el juicio político se hizo con base en la Constitución, con base en la Ley Especial de Juicio Político, respetando el debido proceso, el estado de inocencia, el derecho a la defensa y todas las garantías procesales”, declaró Zambrano.
La audiencia del próximo 5 de agosto será seguida de cerca por distintos sectores políticos y jurídicos, ya que el análisis que realice la CIDH podría tener repercusiones sobre el debate en torno a la legalidad de los juicios políticos y la protección de la institucionalidad democrática en Honduras.
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