Honduras no está sola: la ofensiva de Trump contra el TPS afecta a varios países
Trump impulsa el fin del TPS para ciudadanos de varios países. Honduras es parte de una política migratoria más amplia de Estados Unidos.
Trump impulsa el fin del TPS para ciudadanos de varios países. Honduras es parte de una política migratoria más amplia de Estados Unidos.
Honduras no es el único país cuyos ciudadanos han perdido o están en riesgo de perder el Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos. Los casos de Haití, Nicaragua, Nepal, Venezuela, Afganistán, Siria, Myanmar, Sudán del Sur, Somalia y, más recientemente, Etiopía muestran que Honduras no enfrenta una decisión aislada, sino las consecuencias de un cambio mucho más amplio en la política migratoria de Estados Unidos.
Desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump ha impulsado una profunda revisión de los programas de protección migratoria que durante años permitieron a cientos de miles de extranjeros vivir y trabajar legalmente en territorioestadounidense.
Honduras, Nicaragua, Nepal, Haití, Venezuela, Afganistán y Siria figuran entre los países cuyas designaciones han sido objeto de decisiones de terminación bajo la nueva administración. Otros procesos han alcanzado a ciudadanos de Myanmar, Sudán del Sur, Somalia y Etiopía.
La política ha desencadenado una extensa batalla judicial entre el gobierno estadounidense y organizaciones defensoras de los inmigrantes.
Pero una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de junio de 2026 modificó sustancialmente el escenario al limitar la capacidad de los tribunales para revisar determinadas decisiones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) relacionadas con la terminación del TPS.
Desde entonces, varias protecciones que habían logrado mantenerse temporalmente gracias a decisiones de tribunales inferiores han comenzado a caer.
La más reciente ocurrió este 18 de agosto.
Un juez federal en Massachusetts permitió a la administración Trump poner fin al TPS para más de 5.000 ciudadanos de Etiopía.
Días antes, otros jueces habían permitido avanzar con la terminación de las protecciones para ciudadanos de Somalia, Sudán del Sur y Myanmar.
Las decisiones muestran que lo ocurrido con Honduras forma parte de un cambio mucho más amplio en la política migratoria estadounidense.
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¿Qué está haciendo Trump con el TPS?
El TPS fue creado por el Congreso estadounidense en 1990 para permitir que ciudadanos de determinados países que ya se encuentran en Estados Unidos puedan permanecer temporalmente cuando guerras, desastres naturales u otras circunstancias extraordinarias hacen peligroso su regreso.
El programa permite permanecer legalmente en Estados Unidos y obtener autorización de trabajo mientras esté vigente la designación.
Pero no concede residencia permanente ni constituye, por sí mismo, un camino hacia la ciudadanía.
Precisamente la naturaleza temporal del programa constituye uno de los principales argumentos de la administración Trump para terminar designaciones que, en algunos casos, han permanecido vigentes durante décadas.
El Departamento de Seguridad Nacional sostiene que debe revisar periódicamente las condiciones de cada país y determinar si continúan existiendo las circunstancias extraordinarias que justificaron originalmente la protección.
La administración Trump ha adoptado una interpretación mucho más restrictiva de ese mecanismo.
En el caso de Nicaragua, por ejemplo, el DHS resumió su posición en una frase: el TPS “nunca estuvo destinado a durar un cuarto de siglo”.
El gobierno estadounidense sostiene además que mantener algunas de estas protecciones contradice su objetivo de recuperar el carácter temporal del programa y endurecer el control migratorio.
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Una política que afecta a varios continentes
Las decisiones no se han limitado a Centroamérica.
En mayo de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional anunció la terminación del TPS para Afganistán.
En junio anunció la terminación de la designación de Haití.
En julio llegaron las decisiones sobre Honduras y Nicaragua.
Posteriormente fueron anunciadas decisiones sobre Venezuela y Siria.
A ellas se han sumado procesos relacionados con otros países, entre ellos Myanmar, Sudán del Sur, Somalia y Etiopía.
Las circunstancias que dieron origen a cada TPS son diferentes.
Algunos fueron concedidos por desastres naturales; otros, por guerras, conflictos internos o crisis humanitarias.
También son muy diferentes los períodos durante los cuales sus ciudadanos han permanecido protegidos.
Pero la dirección de la política migratoria de la administración Trump ha sido consistente: revisar y reducir las protecciones temporales que, a juicio del gobierno estadounidense, han sobrevivido más allá de las circunstancias que justificaron su creación.
La batalla llegó hasta la Corte Suprema
Las organizaciones defensoras de los inmigrantes han cuestionado muchas de esas decisiones. Los litigios consiguieron durante meses detener o retrasar algunas terminaciones.
Los demandantes han argumentado, entre otras cosas, que el Departamento de Seguridad Nacional no evaluó adecuadamente las condiciones existentes en los países afectados o que algunas decisiones estuvieron contaminadas por consideraciones impropias.
El gobierno de Trump, por su parte, ha defendido la amplia autoridad del secretario de Seguridad Nacional para decidir cuándo las condiciones que justifican una designación de TPS han dejado de existir.
La controversia terminó llegando a la Corte Suprema.
En junio de 2026, el máximo tribunal estadounidense resolvió casos relacionados con Haití y Siria y concluyó que determinadas decisiones del secretario de Seguridad Nacional sobre la terminación de designaciones de TPS están excluidas de revisión judicial.
El alcance de esa decisión trascendió a los dos países involucrados directamente en el litigio.
Desde entonces, tribunales inferiores han comenzado a revisar las órdenes que mantenían suspendidas otras terminaciones.
El efecto dominó
Los efectos ya son visibles.
El 7 de agosto, jueces federales permitieron avanzar con las terminaciones del TPS para ciudadanos de Sudán del Sur y Myanmar.
El 14 de agosto, otro tribunal despejó el camino para terminar la protección de alrededor de 1.100 somalíes.
Y este 18 de agosto, un juez federal permitió la terminación del TPS para más de 5.000 etíopes.
En varios de esos casos las terminaciones habían sido bloqueadas previamente.
La decisión de la Corte Suprema debilitó significativamente una de las principales vías utilizadas para detenerlas.
Los litigios no necesariamente desaparecen por completo: algunas demandas pueden continuar sobre fundamentos constitucionales u otros argumentos jurídicos.
Pero el margen para conseguir que un juez revierta una decisión del gobierno sobre el TPS se ha reducido.
Honduras: una protección que nació después del Mitch
En ese escenario se encuentra Honduras.
El TPS hondureño tiene una historia de más de un cuarto de siglo.
Estados Unidos otorgó la protección el 5 de enero de 1999, poco después de la devastación causada por el huracán Mitch.
El fenómeno golpeó Honduras a finales de octubre de 1998, dejó miles de muertos y destruyó viviendas, carreteras, puentes, cultivos y buena parte de la infraestructura productiva del país.
El gobierno estadounidense consideró entonces que Honduras no estaba en condiciones de recibir de manera segura a miles de sus ciudadanos que se encontraban en Estados Unidos.
Para ser beneficiario de aquella designación era necesario cumplir requisitos relacionados con la residencia y presencia física en territorio estadounidense desde finales de 1998 y comienzos de 1999.
Eso significa que quienes permanecen bajo aquella designación llevan más de 25 años viviendo en Estados Unidos.
Y allí radica una de las mayores dificultades humanas de la terminación.
Lo que jurídicamente continuó siendo durante décadas un estatus “temporal”, en la práctica acompañó buena parte de la vida adulta de miles de hondureños.
Un primer intento durante el anterior gobierno de Trump
Esta tampoco es la primera vez que una administración estadounidense intenta terminar el TPS hondureño.
En 2018, durante el primer mandato de Donald Trump, el Departamento de Seguridad Nacional anunció su terminación.
La decisión debía hacerse efectiva en enero de 2020.
Pero una serie de litigios impidió que fuera implementada.
Durante los años siguientes, los documentos y permisos relacionados con el TPS continuaron prorrogándose mientras avanzaban los procesos judiciales.
La situación volvió a cambiar durante la administración del presidente Joe Biden.
En junio de 2023, el Departamento de Seguridad Nacional rescindió las anteriores terminaciones de TPS para El Salvador, Honduras, Nepal y Nicaragua y extendió nuevamente las designaciones.
En aquel momento, el DHS calculaba que unos 76.000 hondureños podían reinscribirse para conservar la protección.
Trump vuelve y cambia nuevamente la política
El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025 produjo un nuevo giro.
Su administración comenzó a revisar diferentes programas migratorios y a terminar varias designaciones de TPS.
El 7 de julio de 2025, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció la terminación del programa para Honduras.
El argumento oficial fue que las condiciones del país habían mejorado lo suficiente y que ya no se cumplían los requisitos legales que habían justificado la protección.
Honduras no estuvo sola.
Ese mismo día el gobierno estadounidense anunció también la terminación para Nicaragua, otro país centroamericano cuya protección se remontaba a finales de la década de 1990.
Nepal también quedó incluido en el proceso de terminación.
Otra vez los tribunales
Como ocurrió durante el primer gobierno de Trump, la decisión fue impugnada.
Una jueza federal en California suspendió inicialmente las terminaciones para Honduras, Nicaragua y Nepal.
Posteriormente, el 31 de diciembre de 2025, el tribunal determinó que las terminaciones eran ilegales.
La administración Trump apeló.
La disputa continuó durante 2026 mientras otras demandas sobre el TPS avanzaban simultáneamente en diferentes tribunales estadounidenses.
El caso hondureño forma así parte de un entramado judicial mucho mayor que involucra las facultades del Poder Ejecutivo estadounidense para terminar protecciones migratorias.
¿Puede Honduras conseguir que Trump cambie la decisión?
Esta es probablemente la pregunta más difícil.
El presidente Nasry Asfura ha pedido que se analice individualmente la situación de los hondureños afectados.
“Les he pedido que analicen cada caso del TPS de cada persona, de cada hondureño”, afirmó.
Asfura ha insistido en que se trata de personas que han construido su vida durante décadas en Estados Unidos.
“Son gente de bien que tienen tres y cuatro décadas de vivir en Estados Unidos, que trabajan, que tienen inversiones y que se han adaptado y han respetado las leyes americanas”, señaló.
Pero la decisión sobre el TPS no corresponde al gobierno hondureño.
La legislación estadounidense concede al secretario de Seguridad Nacional la facultad de revisar las condiciones de los países designados y decidir sobre la continuidad de la protección.
Honduras puede realizar gestiones diplomáticas, presentar argumentos sobre las consecuencias de la medida, ofrecer información sobre las condiciones del país y buscar interlocución política en Washington.
Pero la decisión final pertenece a Estados Unidos.
Y el nuevo escenario judicial ha reducido además las posibilidades de que los tribunales constituyan una vía efectiva para revertir determinadas decisiones sobre terminaciones del TPS.
“Es muy difícil”
El embajador de Honduras en Washington, Roberto Flores Bermúdez, ha reconocido esa realidad.
“La posibilidad de revertir una decisión final sobre el TPS es muy difícil”, afirmó.
Su evaluación coincide con un escenario que no afecta exclusivamente a Honduras.
Haitianos, venezolanos, nicaragüenses, nepalíes, afganos, sirios y ciudadanos de varios países africanos han enfrentado o enfrentan procesos similares.
Algunos gobiernos han solicitado reconsideraciones y organizaciones migrantes han recurrido a los tribunales.
Pero la política general de Washington continúa orientada hacia la reducción de estas protecciones.
Más de 50.000 hondureños directamente afectados
Las cifras también necesitan contexto.
En 2023, cuando la administración Biden extendió la designación, el Departamento de Seguridad Nacional calculaba aproximadamente 76.000 beneficiarios hondureños elegibles para reinscribirse.
Las estimaciones actuales de la representación hondureña sitúan alrededor de 52.000 los compatriotas directamente afectados.
La diferencia se explica, entre otras razones, porque durante estos años algunos beneficiarios consiguieron residencia permanente u otro estatus migratorio.
El impacto, sin embargo, puede ser mucho mayor que el número de titulares.
Muchos tienen cónyuges, hijos y otros familiares cuya vida depende de las decisiones que ahora deban adoptar.
Algunos de esos hijos nacieron en Estados Unidos y son ciudadanos estadounidenses.
No todos tendrán necesariamente que regresar
La terminación del TPS tampoco significa que cada uno de los beneficiarios será automáticamente deportado.
Después de más de 25 años en Estados Unidos, las circunstancias migratorias de los hondureños son muy diferentes.
Algunos pueden tener peticiones familiares pendientes, matrimonios con ciudadanos o residentes, procesos migratorios abiertos u otras posibilidades contempladas por la legislación estadounidense.
Por eso las autoridades hondureñas han insistido en revisar cada caso individualmente.
La Embajada de Honduras y los 19 consulados en Estados Unidos trabajan en orientar a los afectados y han preparado información sobre las alternativas que podrían explorar.
La recomendación es buscar asesoría jurídica especializada y evitar personas que prometan soluciones migratorias a cambio de grandes cantidades de dinero.
Prepararse para el escenario más difícil
Mientras continúan las gestiones y los procesos legales, el gobierno hondureño ha comenzado a contemplar una posibilidad que durante décadas parecía lejana: el retorno de miles de tepesianos.
“Tenemos que prepararnos, tenemos que acogerlos aquí si así fuera el caso”, dijo Asfura.
El presidente sostiene que su administración pretende generar oportunidades para que quienes regresen puedan incorporarse a la actividad productiva e incluso invertir en el país.
El desafío sería considerable.
Buena parte de esta población salió de Honduras a finales de la década de 1990.
Algunos poseen negocios, viviendas, empleos y patrimonio en Estados Unidos.
Otros tienen hijos que apenas conocen Honduras.
Un hondureño que tenía 25 años cuando comenzó el TPS tiene hoy más de 50.
Una decisión que trasciende a Honduras
La terminación del TPS hondureño puede tener enormes consecuencias para miles de familias, pero vista desde Washington forma parte de una transformación migratoria mucho mayor.
La administración Trump ha sostenido que un programa concebido por el Congreso como temporal no puede convertirse indefinidamente en una forma de permanencia migratoria.
Sus críticos argumentan que terminar las designaciones ignora las condiciones que todavía existen en algunos países y la realidad de personas que llevan décadas integradas a la sociedad estadounidense.
Esa discusión continuará en Estados Unidos.
Pero las recientes decisiones de la Corte Suprema y de tribunales inferiores muestran que el espacio para detener judicialmente las terminaciones se ha reducido.
Para Honduras, esa realidad establece también los límites de lo que puede conseguir mediante gestiones diplomáticas.
Puede pedir reconsideraciones, acompañar a sus ciudadanos, ofrecer asistencia consular y explorar alternativas.
Lo que no puede hacer es decidir la política migratoria de otro país.
