Jueces y magistrados rechazan presiones contra el sistema de justicia

La Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras advirtió que no tolerará presiones, amenazas o cualquier forma de injerencia que pretenda afectar la independencia de los operadores de justicia en el ejercicio de sus funciones.

El pronunciamiento surge en medio de un escenario de creciente debate sobre la independencia judicial y las actuaciones que pueden comprometer la autonomía de jueces y magistrados en procesos de relevancia nacional.

La organización gremial sostuvo que las decisiones judiciales deben adoptarse con base en la Constitución, las leyes y las pruebas incorporadas a cada expediente, sin recibir instrucciones o presiones provenientes de actores externos al proceso.

La presidenta de la asociación, Ana Cardona, calificó como “inaceptable” cualquier intento de ejercer presión sobre un juez o magistrado para influir en una resolución judicial y favorecer intereses particulares.

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“Los jueces debemos actuar apegados al mandato constitucional que está en el artículo 303 de la Constitución, que es resolver conforme a la Constitución de la República y a las leyes y no obedecer presiones de ningún tipo”, manifestó.

Defienden independencia de jueces y magistrados

La asociación recordó que la independencia judicial constituye una garantía fundamental para el funcionamiento del Estado de derecho y para asegurar que los ciudadanos tengan acceso a una justicia imparcial.

En ese sentido, cualquier intento de influir en un juez para modificar, acelerar o detener una decisión judicial debe ser considerado un asunto de especial preocupación para el sistema de justicia.

El planteamiento coincide con propuestas impulsadas por organizaciones del sector judicial. La Asociación de Jueces por la Democracia, por ejemplo, ha planteado mecanismos específicos para proteger a magistrados, jueces y defensores públicos que enfrenten amenazas o riesgos derivados de sus actuaciones.

Antecedentes de preocupación por injerencias

Las advertencias sobre presiones contra operadores de justicia no son nuevas en Honduras.

Un informe sobre la percepción del sistema judicial publicado por CESPAD recoge denuncias de organizaciones de jueces y defensores de derechos humanos relacionadas con presuntas interferencias políticas, amenazas y cambios de jueces y magistrados. El documento también señala que la Asociación de Jueces por la Democracia ha denunciado históricamente influencias de carácter partidista sobre la justicia.

Asimismo, Naciones Unidas ha advertido sobre los riesgos que enfrentan los operadores de justicia hondureños y ha señalado la necesidad de garantizar que jueces y magistrados puedan desempeñar sus funciones sin amenazas, presiones o injerencias directas o indirectas.

Piden respetar el debido proceso

Ante este contexto, la Asociación de Jueces y Magistrados llamó a los diferentes sectores políticos, institucionales y sociales a respetar las decisiones que adopten los tribunales dentro del marco de sus competencias.

La organización considera que las diferencias con una resolución judicial deben canalizarse mediante los mecanismos establecidos por la legislación y no mediante presiones personales o institucionales contra los funcionarios encargados de impartir justicia.

El llamado también pone sobre la mesa la importancia de fortalecer los mecanismos de protección para los operadores de justicia que puedan encontrarse en situación de riesgo.

Independencia judicial, un desafío pendiente

La protección de la independencia judicial continúa siendo uno de los desafíos institucionales de Honduras. La normativa y las propuestas de organizaciones judiciales contemplan mecanismos para denunciar interferencias y proteger a quienes ejerzan funciones jurisdiccionales.

La Asociación de Jueces y Magistrados reiteró que cualquier diferencia con las actuaciones de un juez debe resolverse mediante las vías legales correspondientes y no mediante amenazas, intimidaciones o presiones.

La advertencia ocurre mientras distintos sectores mantienen abierto el debate sobre el funcionamiento de las instituciones encargadas de impartir justicia y la necesidad de garantizar que sus decisiones se adopten con independencia e imparcialidad.