Ministro de seguridad defiende reformas terroristas aprobadas en el Congreso Nacional

La declaratoria de tres estructuras criminales como asociaciones terroristas abrió un nuevo escenario en la estrategia del Estado hondureño contra el crimen organizado.

La decisión, adoptada por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), se complementa con reformas al sistema penitenciario y modificaciones al Código Penal y al Código Procesal Penal.

En este contexto, el Congreso Nacional aprobó este martes por unanimidad la Ley Especial para el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas, orientada a fortalecer las herramientas de persecución contra estas organizaciones y el sistema penitenciario.

Durante la sesión legislativa estuvo presente la cúpula de seguridad, encabezada por el ministro Gerzón Velásquez, quien acompañó la discusión de las nuevas medidas.

El ministro de Seguridad, Gerzón Velásquez, defendió las medidas y sostuvo que las estructuras criminales han encontrado mecanismos para continuar operando incluso desde los centros penitenciarios.

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Por su parte, el abogado penalista Luis Romero reconoció la necesidad de modernizar el sistema penitenciario y las herramientas de investigación, pero advirtió sobre posibles afectaciones al derecho de defensa si las nuevas disposiciones restringen el contacto entre abogados y personas privadas de libertad.

Ministro: estructuras criminales continúan operando desde las cárceles

Velásquez explicó que uno de los argumentos para impulsar las reformas penitenciarias es que algunos integrantes de organizaciones criminales, pese a encontrarse privados de libertad, continuarían girando instrucciones hacia sus estructuras desde los centros penitenciarios.

“Aunque habían sido privados de su libertad y estaban purgando condenas, continuaban delinquiendo desde el interior de las cárceles”, afirmó el ministro.

Según el funcionario, el sistema penitenciario no habría contado con las condiciones suficientes para aislar efectivamente a determinados privados de libertad e impedir que mantuvieran comunicación con integrantes de sus organizaciones.

Velásquez consideró que las modificaciones penitenciarias constituyen un complemento de la declaratoria de asociaciones terroristas y de otras reformas que el Gobierno pretende impulsar para fortalecer la persecución penal.

“No podemos combatir estructuras que tienen tanto poder criminal con las mismas normas ordinarias”, sostuvo.

MS-13, Pandilla 18 y Cartel del Diablo fueron declarados terroristas

Aunque inicialmente las autoridades mantuvieron bajo reserva los nombres de las organizaciones, el ministro de Seguridad confirmó posteriormente que las tres estructuras son la Mara Salvatrucha (MS-13), la Pandilla 18 y el denominado Cartel del Diablo.

Velásquez explicó que la declaratoria no necesariamente representa una lista definitiva y señaló que podrían incorporarse otras organizaciones en futuras reuniones del CNDS, dependiendo de los criterios establecidos en la legislación.

El funcionario mencionó que existe una cartera de aproximadamente 25 estructuras criminales que podrían ser analizadas para determinar si cumplen las condiciones legales para ser consideradas asociaciones terroristas.

Aclaró, sin embargo, que esto no significa que las 25 organizaciones serán declaradas automáticamente bajo esa categoría.

Seguridad plantea cambios al proceso penal

Velásquez también planteó la necesidad de actualizar las normas procesales para facilitar determinadas acciones de los organismos encargados de la persecución penal.

Como ejemplo, mencionó las dificultades que enfrentan las autoridades cuando deben solicitar autorizaciones judiciales para realizar allanamientos contra estructuras que operan en zonas alejadas.

Según su explicación, mientras se tramitan las autorizaciones correspondientes y se movilizan los equipos operativos, los integrantes de las organizaciones investigadas pueden abandonar los lugares donde se encuentran.

El ministro sostuvo que las reformas buscan proporcionar mayores herramientas a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para actuar frente a estructuras consideradas de alta peligrosidad.

Entre los delitos que, según Velásquez, están relacionados con estas organizaciones se encuentran el tráfico de drogas, asesinatos, sicariato y extorsión.

Abogado Luis Romero pide cuidar el derecho de defensa

Desde otra perspectiva, el abogado penalista Luis Romero consideró que las reformas al sistema penitenciario son necesarias, pero expresó preocupación por cualquier medida que limite el acceso de los profesionales del derecho a sus representados.

Romero señaló que el abogado cumple una función dentro del sistema de justicia y que el contacto con su cliente forma parte del derecho de defensa.

“Restringir el acceso de abogados a tener contacto con su cliente es violatorio de ese derecho consagrado no solo en la Constitución, sino también en tratados internacionales”, afirmó.

El abogado agregó que las nuevas disposiciones deben diferenciar entre las medidas dirigidas a impedir que estructuras criminales continúen operando desde las cárceles y aquellas que puedan afectar las garantías procesales de las personas sometidas a un proceso penal.

Romero cuestiona alcance de las reformas contra la extorsión

El profesional también se refirió a las modificaciones relacionadas con el delito de extorsión.

Romero recordó que el Código Penal ya contempla restricciones para otorgar medidas cautelares sustitutivas de la prisión preventiva a personas vinculadas o acusadas por determinados delitos relacionados con maras y pandillas.

A su criterio, la experiencia de reformas anteriores demuestra la necesidad de evaluar cuidadosamente las consecuencias de ampliar el catálogo de delitos y las medidas aplicables.

“Debemos ser bastante cuidadosos en esto sobre las reformas al Código Penal, particularmente respecto al delito de extorsión”, manifestó.

El abogado cuestionó además que la discusión de las reformas pueda estar influenciada por consideraciones políticas o populares y pidió que las modificaciones sean analizadas desde una perspectiva estrictamente jurídica.

Ambos coinciden en modernizar las herramientas de seguridad

Pese a sus diferencias sobre el alcance de algunas medidas, Romero reconoció que las instituciones de seguridad necesitan actualizar sus métodos de investigación frente a las nuevas modalidades delictivas.

El abogado destacó el proceso de modernización de la Policía Nacional y el uso de herramientas tecnológicas para enfrentar el crimen.

“La forma de delinquir ha mutado y, por lo tanto, la sociedad también debe mutar”, expresó.

Romero señaló que la utilización de tecnología y métodos científicos puede contribuir a fortalecer la política criminal y las investigaciones contra las organizaciones delictivas.

Mientras tanto, el ministro Velásquez defendió la necesidad de adecuar las normas a las características de las estructuras criminales que operan actualmente en Honduras.

La decisión del CNDS de declarar terroristas a tres estructuras criminales está acompañada de otras medidas anunciadas por las autoridades, entre ellas un régimen especial para las comunicaciones de personas privadas de libertad vinculadas a estos grupos y la creación de mecanismos especializados para investigar y judicializar casos relacionados con terrorismo.

El debate se mantiene entre la necesidad de fortalecer la capacidad del Estado para perseguir a las estructuras criminales y la obligación de garantizar el debido proceso y el derecho de defensa de las personas sometidas a investigación o proceso penal.