El Ministerio Público confirmó que citará a la exviceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, para que presente de manera formal la información que aseguró tener sobre la desaparición de Angie Peña, ocurrida en Roatán en 2022.
La decisión surge luego de las declaraciones brindadas por Villanueva en el canal CHTV, donde afirmó que un testigo habría entregado a Angie Peña a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) , en lugar de entregarla a sus familiares, permitió que continuara privada de libertad.
“Ese testigo entregó a Angie Peña a la ATIC. Eso es lo grave. No me va a decir la ATIC que es mentira lo que estoy diciendo. Podría decir nombres y apellidos de todos los involucrados”, declaró Villanueva durante la entrevista.
En respuesta a estas afirmaciones, el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, negó que la ATIC haya sido intervenida y aclaró que esa agencia nunca ha estado a cargo de la investigación del caso, la cual continúa bajo la dirección de fiscales especializados y agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
Yuri Mora descarta intervención de la ATIC
El funcionario explicó que la presencia de una jueza ejecutora en las instalaciones de la ATIC obedeció únicamente a una solicitud de hábeas corpus presentada por la familia de Angie Peña, por lo que descartó que existiera algún procedimiento de intervención administrativa o judicial contra la agencia.
Asimismo, fue categórico al afirmar que la ATIC nunca ha dirigido las investigaciones relacionadas con la desaparición de la joven.
El Ministerio Público recordó que el expediente ha sido manejado desde el inicio por la Fiscalía Especial contra el Delito de Trata de Personas y la Unidad Antisecuestro, con el apoyo de investigadores de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
Según Mora, las diligencias continúan activas y las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación para esclarecer qué ocurrió con Angie Peña, desaparecida en enero de 2022 en Roatán, Islas de la Bahía.
Durante este proceso, las autoridades han ejecutado operaciones contra estructuras dedicadas a la trata de personas que operaban en la zona, lo que ha permitido la captura y judicialización de varios implicados. Algunos ya fueron condenados, mientras otros permanecen prófugos.
Buscan incorporar nueva información al expediente
La Fiscalía considera que cualquier dato adicional puede resultar relevante para fortalecer la investigación, por lo que la comparecencia de Julissa Villanueva buscará establecer si la información que asegura tener puede aportar nuevos elementos para determinar el paradero de Angie Peña o identificar posibles responsabilidades.
El Ministerio Público reiteró que el caso permanece abierto y que todas las evidencias serán analizadas conforme al debido proceso.
Mientras la familia de Angie Peña continúa esperando respuestas, las autoridades insistieron en que las investigaciones siguen en marcha y llamaron a que cualquier persona con información útil la presente por las vías oficiales, con el fin de contribuir al esclarecimiento de uno de los casos de desaparición que más atención ha generado en Honduras durante los últimos años.
Angie Samantha Peña Melgares, de 23 años, desapareció el 1 de enero de 2022 durante un paseo en moto acuática en el sector de West Bay, en Roatán, Islas de la Bahía. En un primer momento, las autoridades manejaron la hipótesis de que la joven había sufrido un accidente en el mar, luego de que se encontraran un chaleco salvavidas y otros objetos personales, además de rastros de la moto acuática en aguas de Belice.
Sin embargo, conforme avanzaron las investigaciones, esa teoría perdió fuerza. Nuevos testimonios y diligencias del Ministerio Público llevaron a los investigadores a considerar que la desaparición de Angie Peña podría estar relacionada con una red de trata de personas y estructuras del crimen organizado que operaban en la isla.
Como parte de las pesquisas, la justicia hondureña dictó auto de formal procesamiento y prisión preventiva contra ciudadanos extranjeros, entre ellos Harold Green y William James Murdock, señalados por el delito de trata de personas en perjuicio de la joven.
Paralelamente, las investigaciones y las denuncias presentadas por la familia apuntan a la presunta participación de funcionarios policiales y judiciales que habrían filtrado información sensible y obstaculizado operativos destinados a localizar y rescatar a Angie Peña, una línea que continúa bajo investigación por parte del Ministerio Público.
A más de cuatro años de su desaparición, la familia mantiene la exigencia de justicia y continúa impulsando acciones legales y llamados públicos para que las autoridades esclarezcan el caso y determinen el paradero de la joven. Mientras tanto, el Ministerio Público asegura que las diligencias investigativas permanecen abiertas y que se continúa recabando información en las diferentes dependencias encargadas del caso.
