Piden al MP investigar amenazas e injerencia contra juez del caso Roosevelt
La Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos pide una investigación imparcial por amenazas de muerte y despigo contra el juez en caso de Roosevelt.


La Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos pide una investigación imparcial por amenazas de muerte y despigo contra el juez en caso de Roosevelt.
Foto: Ministerio Público
La Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Asopodehu) pidió al Ministerio Público realizar una investigación rápida, profunda e imparcial sobre las presuntas amenazas de muerte y despido denunciadas contra el juez en el caso de Roosevelt Hernández.
La directora de Asopodehu, Dina Meza, confirmó que la organización compareció ante el Ministerio Público para brindar una declaración voluntaria relacionada con la alerta que había presentado días atrás sobre la situación del funcionario judicial.
Según Meza, además de las amenazas, la organización recibió información sobre una presunta interferencia y tráfico de influencias que estarían afectando la independencia judicial, por lo que solicitó que el caso sea investigado a fondo.

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Asopodehu comparece ante el Ministerio Público
Meza explicó que la organización decidió presentarse ante el Ministerio Público luego de que el ente investigador anunciara que ya se encontraba realizando diligencias sobre las denuncias.
“Nosotros lo que pedimos al Ministerio Público fue que procediera de inmediato a una investigación rápida, imparcial y profunda”, señaló la directora de Asopodehu.
La organización había presentado la alerta el jueves anterior, luego de recibir el testimonio de una persona que aseguró tener conocimiento de las presuntas amenazas contra el juez.
De acuerdo con la información trasladada por Asopodehu, el juez habría recibido amenazas relacionadas con su integridad física y con la posibilidad de perder su puesto, una situación que de confirmarse, podría generar preocupación sobre las condiciones en las que se desarrolla la función judicial.
Además de las amenazas, Dina Meza aseguró que la información recibida por la organización apunta a una posible interferencia en el proceso judicial mediante presunto tráfico de influencias.
La directora de Asopodehu mencionó a dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia: Sonia Marlina Dubón y Mario Díaz, como personas que presuntamente estarían vinculadas a esa situación.
Meza fue cuidadosa en señalar que se trata de información que debe ser investigada por las autoridades competentes y que corresponde al Ministerio Público determinar si existen responsabilidades.
“Que pueda neutralizar el tráfico de influencia y castigar a los que están haciendo uso de esto porque interfiere en la independencia judicial”, expresó.
Piden proteger la independencia judicial
Para Asopodehu, el punto central de la denuncia no se limita a determinar quién habría realizado las amenazas, sino también establecer si existieron presiones externas que pudieran condicionar las decisiones de un juez.
La organización considera que cualquier intento de intimidación contra operadores de justicia debe ser esclarecido, especialmente cuando las denuncias involucran posibles presiones relacionadas con el ejercicio de sus funciones.
En ese sentido, Meza insistió en que la investigación debe desarrollarse sin favorecer a ninguna de las partes y con suficiente profundidad para establecer qué ocurrió, quiénes estarían detrás de las amenazas y si hubo algún tipo de interferencia.
El caso queda ahora en manos del Ministerio Público
La comparecencia de Asopodehu permitió que la organización entregará directamente su versión y los elementos que motivaron la alerta presentada días atrás.

La petición de la asociación es que las autoridades actúen con rapidez, pero también con independencia, para evitar que las amenazas o las presuntas influencias externas terminen afectando el trabajo de los operadores de justicia.
Mientras avanzan las diligencias, Asopodehu espera que el Ministerio Público determine si las amenazas contra el juez ocurrieron y si existe alguna relación con las presuntas maniobras de influencia señaladas en la denuncia.
El caso vuelve a colocar en el debate la importancia de garantizar que jueces y demás funcionarios judiciales puedan ejercer sus responsabilidades sin intimidaciones, presiones o interferencias externas.
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