"Vamos a buscarlos donde estén": advierten autoridades a maras y pandillas
Las reformas aprobadas en 2026 contemplan penas de hasta 40 años de cárcel para integrantes de asociaciones terroristas hasta prisión perpetua




Foto: Director de la Agencia Nacional Contra el Crimen, Julio Alberto Ruíz Cerrato.
Las fuerzas de seguridad de Honduras intensificarán la búsqueda de integrantes de la MS-13, Pandilla 18 y otras estructuras criminales, mientras que las personas que colaboren con estas organizaciones también enfrentarán procesos judiciales por terrorismo, advirtió el director de la Agencia Nacional Contra el Crimen, Julio Alberto Ruíz Cerrato.
“Vamos a buscarlos donde estén y vamos a llenar estos espacios que están en estos centros penitenciarios”, expresó el director al dirigir un mensaje a los grupos criminales.
Además, lanzó una advertencia a quienes faciliten sus actividades o mantengan vínculos de colaboración con estas estructuras:
“Cualquier persona que colabore con estos miembros de estas estructuras criminales también van a ser judicializados como terroristas”, aseguró.
Congreso endurece las penas contra estructuras criminales
Las declaraciones ocurren en medio de una serie de reformas que el Congreso Nacional (CN) aprobó durante 2026 para fortalecer la persecución de las maras, pandillas y organizaciones vinculadas al crimen organizado.
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Uno de los cambios más recientes corresponde al Decreto 258-2026, publicado en noviembre, que elevó las penas por asociación terrorista a entre 30 y 40 años de prisión para integrantes de estas organizaciones, para cabecillas, directivos, promotores y financistas contempla condenas de hasta prisión perpetua.
La reforma también establece sanciones de 20 a 30 años para quienes colaboren con estas estructuras sin pertenecer directamente a ellas, mediante información, inmuebles, traslados o servicios tecnológicos.
Nuevas medidas para controlar los centros penales
Por otra parte, el paquete de reformas contempla prisión preventiva obligatoria para personas imputadas por asociación terrorista, restricciones a los beneficios penitenciarios y la permanencia de los procesados en módulos de máxima o alta seguridad.
Estas disposiciones se suman al Decreto 208-2026, vigente desde septiembre, que estableció un régimen penitenciario más estricto para integrantes de maras y pandillas, con el objetivo de reducir su capacidad de operar desde las cárceles.
Con estas medidas, las autoridades buscan ampliar las herramientas legales y operativas para perseguir a las estructuras criminales, sus integrantes y las personas que les proporcionen apoyo.

La Agencia Nacional contra el Crimen (ANC) fue creada el 22 de mayo de 2026 mediante el Decreto Legislativo 84-2026, publicado en el diario oficial La Gaceta. La institución quedó adscrita al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad como un organismo encargado de coordinar el trabajo de la Policía Nacional, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), las Fuerzas Armadas y otros cuerpos de inteligencia.
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